Mi presencia en la costa levantina me proporciona una información que provoca alarma social. En la Comunidad de Murcia, existe un parque natural protegido que el Gobierno murciano (PP) ha elegido para construir 11.000 viviendas; 22.000 plazas de hoteles; cinco campos de golf; puerto deportivo, con 2.000 amarres; campos de tenis y un velódromo. El complejo urbanístico se llama Marina de Cope.
En el levante español compiten los macro proyectos urbanísticos. Dicen lo expertos que Marina de Cope, dejará pequeño al otro gran proyecto, Marina d,Or. El paraje elegido está protegido por la Unión Europea, debido a la existencia ocho especies de hábitat. Esto, no es obstáculo para el Gobierno murciano y sus especulativos intereses económicos. Por lo tanto, decide desprotegerlo y a construir.
Ante una barbarie agresora del medio natural, las reacciones no se hacen esperar y la Asociación Prolitoral, que agrupa a Ecologistas, Naturalistas y Vecinos, recurren el decreto de urbanización al Tribunal de Justicia de Murcia y también se suma al procedimiento el abogado del Estado. Esto significa, que el Gobierno central se opone a la desprotección llevada a cabo.
Las inversiones millonarias previstas son enormes y diversos los grupos financieros participantes. Ya sabemos como se las gastan los poderes económicos: “cuando dicen allá vamos, mueven montañas”. Y a pesar de que el Partido Socialista Obrero Español, tiene recurrido ante el Tribunal Constitucional, la Ley que desprotege la zona, y aconseja junto con los demás agentes sociales que no se urbanice hasta que el alto Tribunal se pronuncie, el Ejecutivo murciano (Partido Popular) ha advertido por escrito al Tribunal Constitucional, que sus planes constructores seguirán adelante, aunque el Constitucional, anule la Ley que desprotegió el paraje. Y afirma: “que las máquinas no las parará nadie”.
Parece que el abogado del Gobierno autónomo, ya tiene prevista la triquiñuela legal para que en caso de ser negativo el pronunciamiento, la zona ya no tenga el mismo calificativo protector, dejando abierta la puerta para seguir adelante.
Esta manera de actuar de los dirigentes populares, ya es habitual. En Ávila, estaban arrasando un pinar protegido para saciar los mismos intereses económicos, y allí donde la Ley no lo impida hacen desaparecer el medio natural.
Lo grave de todo esto, es la rebelión que expresan contra la más alta Institución Constitucional. Es decir, advierten que ni las leyes pueden parar los atentados ecológicos.
Llegados a esta situación, debemos concienciarnos que tal rebelión, manera de sentir y proceder, tenemos que combatirla con el arma a nuestro alcance: “el voto en las urnas”. El actual Gobierno del PP, tiene que salir de la Institución el 27 de mayo.
En el levante español compiten los macro proyectos urbanísticos. Dicen lo expertos que Marina de Cope, dejará pequeño al otro gran proyecto, Marina d,Or. El paraje elegido está protegido por la Unión Europea, debido a la existencia ocho especies de hábitat. Esto, no es obstáculo para el Gobierno murciano y sus especulativos intereses económicos. Por lo tanto, decide desprotegerlo y a construir.
Ante una barbarie agresora del medio natural, las reacciones no se hacen esperar y la Asociación Prolitoral, que agrupa a Ecologistas, Naturalistas y Vecinos, recurren el decreto de urbanización al Tribunal de Justicia de Murcia y también se suma al procedimiento el abogado del Estado. Esto significa, que el Gobierno central se opone a la desprotección llevada a cabo.
Las inversiones millonarias previstas son enormes y diversos los grupos financieros participantes. Ya sabemos como se las gastan los poderes económicos: “cuando dicen allá vamos, mueven montañas”. Y a pesar de que el Partido Socialista Obrero Español, tiene recurrido ante el Tribunal Constitucional, la Ley que desprotege la zona, y aconseja junto con los demás agentes sociales que no se urbanice hasta que el alto Tribunal se pronuncie, el Ejecutivo murciano (Partido Popular) ha advertido por escrito al Tribunal Constitucional, que sus planes constructores seguirán adelante, aunque el Constitucional, anule la Ley que desprotegió el paraje. Y afirma: “que las máquinas no las parará nadie”.
Parece que el abogado del Gobierno autónomo, ya tiene prevista la triquiñuela legal para que en caso de ser negativo el pronunciamiento, la zona ya no tenga el mismo calificativo protector, dejando abierta la puerta para seguir adelante.
Esta manera de actuar de los dirigentes populares, ya es habitual. En Ávila, estaban arrasando un pinar protegido para saciar los mismos intereses económicos, y allí donde la Ley no lo impida hacen desaparecer el medio natural.
Lo grave de todo esto, es la rebelión que expresan contra la más alta Institución Constitucional. Es decir, advierten que ni las leyes pueden parar los atentados ecológicos.
Llegados a esta situación, debemos concienciarnos que tal rebelión, manera de sentir y proceder, tenemos que combatirla con el arma a nuestro alcance: “el voto en las urnas”. El actual Gobierno del PP, tiene que salir de la Institución el 27 de mayo.
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