miércoles, 11 de diciembre de 2013

Otra agresión a la Constitución

Vivir para ver. El Partido Popular tan defensor de la Constitución Española en muchos de sus artículos, cuando se trata de cuestiones monetarias, miran para otro lado y cambian todo lo necesario que haga falta con tal de conseguir el objetivo pecuniario.

Así, conocemos que ayer el Congreso de los Diputados con los votos de PP, y CiU, aprueban la Ley de Seguridad Privada que da luz verde para que los vigilantes de seguridad privada puedan identificar, inmovilizar y cachear a personas en la calle.
Esta nueva Ley, abre muchísimas incógnitas todas ellas de dudosa legitimidad jurídica. Todos conocemos errores que por diversas circunstancias han podido cometer las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ante estos desaciertos, el responsable subsidiario de los daños siempre es el Estado español.

Ahora, con las competencias cedidas a las empresas privadas, quiénes son los responsables de las presuntas injusticias cometidas?

El Gobierno de Mariano Rajoy, en un alarde más en su afán privatizador bendice al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz que llegó a justificar la nueva regulación que favorece al sector privado porque facilitará "el crecimiento económico de España" ya que la seguridad privada agrupa a 1.500 empresas, que da empleo a 85.000 personas y facturó en 2012, 3.215 millones de euros.

No hay que ser un experto para detectar que con la crisis económica también se resiente la Seguridad Privada. Por tanto, las empresas presionan para garantizar unos ingresos seguros a la compañías que se dedican a la seguridad, les viene de maravilla que les adjudiquen competencias que antes eran del Estado, que obviamente van acompañadas de sus partida económicas.

Poco le importe al Gobierno y al ministerio de Interior el cumplimiento del artículo 104 de la Constitución española:
1. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

La defensa de la seguridad no puede ser ocasión de agresiones, coacciones, desconocimiento de derechos o invasión de las esferas jurídicas y patrimoniales de otras personas. Y ésta es una de las razones que justifican la intensa intervención en la organización y desarrollo de las actividades de las empresas privadas de seguridad, por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que tienen la misión constitucional de proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y garantizar su seguridad.

A partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de la Seguridad Privada, nuestros derechos constitucionales se verán cercenados en aras de unos ingresos económicos para determinadas empresas de seguridad.

1 comentario:

Juan dijo...

Por lo que escribes, entre otras razones, es por lo que más que reformar la Constitución o redactar otra, lo sensato sería hacer que la actual se cumpliera y que no se deformara mediante reformas legislativas parciales como está haciendo el PP. Como no se dan las garantías necesarias una reforma con avances en justicia, derechos y libertades; como toda reforma debe ser aprobada por “una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras”, lo que exige el acuerdo de los dos partidos mayoritarios, hoy por hoy toda reforma sería un retroceso. Con una cámara que está legislando contra las clases medias y los más necesitados, que apuesta por la voladura de todas las políticas públicas o que pone en peligro el derecho de manifestación y expresión, ¿quién tiene la irresponsabilidad de pedir cambios constitucionales? Todas las reformas emprendidas en los últimos años significan retroceso.