Cuando se creía que los planes urbanísticos eran todos borrascosos y opacos; la dirección del PSM, se reúne con los alcaldes socialistas de la Comunidad, y fijan las medidas para un desarrollo urbanístico sostenible, racional y equilibrado y los compromisos éticos, que pasan por la realización de una auditoría urbanística sobre el grado de cumplimiento del Plan General de Ordenación Urbana.
Para el secretario general del PSM, Rafael Simancas, hay dos modelos urbanísticos completamente diferenciados, el modelo del Partido Popular, donde todo el suelo es urbanizable, hay ausencia de planificación urbanística y una gestión privada del suelo; y el del PSOE, con una planificación y gestión pública del suelo que prioriza la vivienda protegida y el medio ambiente, “dos modelos entre los que tendrán que decidir los ciudadanos de la Comunidad de Madrid en mayo de 2007”.
Los alcaldes socialistas de la Comunidad de Madrid, junto a la dirección del PSM, han subscrito cinco medidas urgentes para un desarrollo urbanístico sostenible, racional y equilibrado: la elaboración y aprobación, con el concurso de los municipios y de los agentes sociales, del Plan Regional de Estrategia Territorial que prevé la legislación vigente, y a la que se niega el actual Gobierno Regional; la asunción por parte del Gobierno de la Comunidad de su responsabilidad en las competencias en materia de planeamiento urbanístico; la aprobación de una nueva legislación urbanística en la Comunidad de Madrid que desarrolle y aproveche las potencialidades de la Ley del Suelo estatal de próxima aprobación; la reafirmación del carácter de función pública del planeamiento urbanístico; así como la valoración del sistema de expropiación como el mejor instrumento para la salvaguarda de los intereses generales.
A esto se añade el compromiso político de no apoyar nuevos desarrollos urbanísticos sin que en éstos se garantice, por parte de sus promotores, tanto una oferta adecuada de vivienda protegida, como la satisfacción de los servicios básicos, tales como son la accesibilidad y transporte público, abastecimiento y depuración de agua, tratamiento de residuos y abastecimiento eléctrico y de comunicaciones, así como las necesarias dotaciones y espacios públicos de uso colectivo.
Es decir, sí existen alternativas al actual caos urbanístico que impera en la Comunidad de Madrid. Sin necesidad de recurrir al tratado de los diez mandamientos como defiende Esperanza Aguirre para tamizar los escándalos, con el apoyo de la sociedad, a partir de las elecciones de mayo de 2007, podemos distinguir la claridad urbanística.
Para el secretario general del PSM, Rafael Simancas, hay dos modelos urbanísticos completamente diferenciados, el modelo del Partido Popular, donde todo el suelo es urbanizable, hay ausencia de planificación urbanística y una gestión privada del suelo; y el del PSOE, con una planificación y gestión pública del suelo que prioriza la vivienda protegida y el medio ambiente, “dos modelos entre los que tendrán que decidir los ciudadanos de la Comunidad de Madrid en mayo de 2007”.
Los alcaldes socialistas de la Comunidad de Madrid, junto a la dirección del PSM, han subscrito cinco medidas urgentes para un desarrollo urbanístico sostenible, racional y equilibrado: la elaboración y aprobación, con el concurso de los municipios y de los agentes sociales, del Plan Regional de Estrategia Territorial que prevé la legislación vigente, y a la que se niega el actual Gobierno Regional; la asunción por parte del Gobierno de la Comunidad de su responsabilidad en las competencias en materia de planeamiento urbanístico; la aprobación de una nueva legislación urbanística en la Comunidad de Madrid que desarrolle y aproveche las potencialidades de la Ley del Suelo estatal de próxima aprobación; la reafirmación del carácter de función pública del planeamiento urbanístico; así como la valoración del sistema de expropiación como el mejor instrumento para la salvaguarda de los intereses generales.
A esto se añade el compromiso político de no apoyar nuevos desarrollos urbanísticos sin que en éstos se garantice, por parte de sus promotores, tanto una oferta adecuada de vivienda protegida, como la satisfacción de los servicios básicos, tales como son la accesibilidad y transporte público, abastecimiento y depuración de agua, tratamiento de residuos y abastecimiento eléctrico y de comunicaciones, así como las necesarias dotaciones y espacios públicos de uso colectivo.
Es decir, sí existen alternativas al actual caos urbanístico que impera en la Comunidad de Madrid. Sin necesidad de recurrir al tratado de los diez mandamientos como defiende Esperanza Aguirre para tamizar los escándalos, con el apoyo de la sociedad, a partir de las elecciones de mayo de 2007, podemos distinguir la claridad urbanística.