Mi deseo personal me lleva a manifestar el rechazo a lo
que a continuación voy a referir. Viene a mi memoria el rescate de parte del
sistema bancario realizado con dinero público y las correspondientes declaraciones
de las autoridades económicas afirmando que lo invertido para salvar a determinadas
entidades financieras, será devuelto al Estado.
Hoy, en la portada de `El País´ nos desayunamos con la
noticia de que el Estado pierde 11.800 millones de euros, por la venta de una
entidad intervenida y vendida al BBVA.
Al mismo tiempo y en el mismo lugar, el titular es: `el
Gobierno negocia con las comunidades autónomas nuevos recortes para la
ciudadanía española´.
Es decir, recupera a Catalunya Banc con la aportación
13.800 millones, la vende por 1.187 millones de euros, y para cuadrar las
cuantiosas pérdidas negocia nuevo recortes con la Comunidades.
Sorprende la nueva estrategia empleada convocando al
aporte de soluciones a las comunidades autónomas. A la cual, los gobiernos
autonómicos han respondido aportando soluciones que a su manera de entender
pueden ayudar a consolidar el control del déficit público.
Así, entre las 255 iniciativas que han sumado las
aportaciones realizadas, nos encontramos con:
- Sanidad, vamos a tener que pagar por varios
conceptos que hoy no hacemos. Copago por la falta de asistencia a las citas
concertadas. Copago por asistencia a la consulta médica y urgencias.
- Educación, incremento del ratio de profesores por
alumno en un 10%. Despido de docentes interinos durante el periodo no lectivo
del verano. Ajustes en las partidas de becas de comedor.
-
Justicia, reducción del módulo del turno de
oficio.
A estas pretendidas medidas se
han de sumar a las ya establecidas por el Gobierno de Mariano Rajoy:
-
Congelación del los sueldos de los funcionarios.
-
Aumento de la jornada laboral de los funcionarios.
-
Reducción de un 20% de las subvenciones a los
partidos políticos.
-
Recorte de 9.000 millones en el presupuesto de
los ministerios.
-
Paralizar el calendario de la aplicación de la Ley
de Dependencia.
-
Supresión de la renta básica de emancipación.
-
Subida del impuesto del IRPF.
-
Subida del IBI a los inmuebles.
-
Aumento del copago farmacéutico. Incluidos los
pensionistas.
-
Retirada de la tarjeta sanitaria a los
inmigrantes sin papales.
-
Aumentar la ratio de alumnos en las clases
despidiendo a los profesores interinos.
-
Subida de tasas universitarias para el próximo curso.
-
Subida de tasas judiciales.
-
417 medicamentos dejan de estar subvencionados.
Es decir, si la sociedad española no conseguimos
paralizar la puesta en práctica de estas ideas y medidas que aconsejan los
gobiernos de las comunidades autónomas nos veremos abocados a padecer una
pérdida extraordinaria de los servicios públicos que hoy tenemos reconocidos.
Por ello, de manera especial dentro del Congreso Extraordinario
del Partido Socialista Obrero Español, se tiene que hacer pública una
resolución oponiéndose de manera tajante a la puesta en marcha de esas medidas
aportadas.
