No es una quimera, puede ser real

Cada día son más las voces que se alzan en desacuerdo con las prioridades que los gestores políticos de distintos gobiernos e ideologías, deciden aplicar en el gasto del presupuesto que gestionan. PP, PSOE y CiU aplican las mismas recetas a la hora de reducir gastos.

Por ello, me sorprende las noticias más recientes: el Ayuntamiento de Parla ha planteado "una reducción cercana a los 190 puestos de la plantilla municipal". Es cierto que se explica que se están buscando fórmulas diversas para no perjudicar en demasía a los afectados. Eso, no es ningún consuelo. Ya veremos el resultado final.

Problemas de tesorería son los argumentos esgrimidos por el Govern de la Generalitat, para anunciar que se ve obligado a aplazar dos meses los pagos a las residencias concertadas que cuidan a ancianos, discapacitados, drogodependientes y enfermos mentales. Esto, puede desencadenar un efecto dominó de incalculables consecuencias para trabajadores y usuarios.

El Partido Popular, igualmente, tiene abiertos varios frentes en comunidades autónomas donde tiene asumida la responsabilidad de gobernar. Por tanto, con pequeños matices, los tres grupos aplican el recorte o la prioridad del gasto en la misma dirección.

Ahora bien, después de analizadas las medidas que deciden aplicar y conocidos los ingresos de la jefatura del Estado, presidentes, parlamentarios, senadores, consejeros, alcaldes y concejales; y consecuencia de las dificultades económicas que estamos atravesando, ha llegado el momento de reducir drásticamente los ingresos que reciben los gestores públicos en todas las instituciones y administraciones.

Una sociedad democrática madura no puede aceptar que las mismas personas que deciden y toman las medidas correctoras antes descritas, y que cobran puntualmente todos los meses, no fijen un tope de ingresos muy por debajo de lo recibido hasta ahora. No se puede tolerar seguir con esos privilegios y aplicar severas medidas restrictivas a las capas sociales que han depositado su confianza en la acción de gobierno prometida. Este es el debate que ha despertado. Si no se introducen las correcciones necesarias, el actual camino provoca una gran desafección política.