Aunque parezca que el autor de esta bitácora siente manía persecutoria contra la Sra. Aguirre, presidenta de la CAM, nada más lejos de la realidad. Es verdad, que su estilo de Gobierno, y como bien ella lo reclama, para un socialdemócrata progresista, no es Santo de su devoción. Pero además, las decisiones que su Gobierno toma y que día tras día vamos conociendo los ciudadanos/as de la Comunidad de Madrid, me hace decir, que si no es comentario diario, es debido a lo inadecuado de la repetición.
En la CAM y en el Municipio cercano de la ciudad de Leganés, la Consejería de Sanidad, tomó la decisión de crear un conflicto contra el servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa, acusando a su responsable doctor Montes, de provocar la muerte de enfermos terminales que acudían a este Hospital. La Audiencia Provincial de Madrid, ha desestimado la acusación y para entendernos, Luis Montes, y su equipo son inocentes.
Ahora, conocemos que el Gobierno, que preside Esperanza Aguirre (PP), y el cardenal arzobispo de la capital, Antonio María Rouco Varela, han acordado que el Servicio de Asistencia Religiosa Católica, forme parte del comité de ética y del comité interdisciplinar de cuidados paliativos de los hospitales públicos de la Comunidad. Esto, viene a demostrar que las iniciativas que con anterioridad había tomado el consejero de Sanidad, no estaban huérfanas de ideología religiosa. Y de nuevo, nos crea un problema de conciencia a los afectados que tengamos que decidir si nuestros seres queridos tienen que sufrir o morir en paz y tranquilidad. O lo que es peor para el que padece la enfermedad, a éste, se le tiene que hacer la pregunta de: ¿Cuándo llegue el fatídico momento, tiene preferencia tú creencia religiosa o quieres tener una muerte serena?
Es decir, esta manera de legislar y gobernar, es la que hace que Esperanza Aguirre, sea novedosa en esta página.
Iniciativa local
En Getafe, existe un plan para construir 10.500 viviendas con protección pública, el sistema elegido por el Gobierno de Getafe, para adquirir el suelo que abarate la operación final del usuario, es la expropiación de los terrenos y así lo anuncia y publicita. Esta medida, no es obstáculo para que una promotora PSG, decida aplicar su política y asume que tiene que recibir un trato diferente al resto de concursantes de suelo. Esta decisión genera un conflicto con el Consorcio Urbanístico, y llega a implicar en unas desafortunadas declaraciones a la presidenta Aguirre, que se compromete a solucionar el conflicto.
Como todo el proceso ha seguido un protocolo legal, lo que ofrece la presidenta, tampoco satisface a los interesados y ahora deciden caminar de Getafe a Moncloa, para que el presidente Zapatero, conozca su problema.
Incluso reconociendo la necesidad que padecen los afectados, otra vez, equivocan la dirección de las gestiones a realizar. El presidente del Gobierno de España, no puede dar solución a un problema contractual privado.
Lo principal y esencial, es recuperar el dinero que han depositado en la gestora de viviendas.