Hemos aprendido que para llevar a cabo algunos proyectos empresariales, y motivados por la complejidad de los mismos, una sola empresa no es capaz de acometerlo y se asocia con otras mercantiles del ramo para formar lo que se ha dado en llamar UTE (Unión Temporal de Empresas).
Mucho hemos escrito sobre la barbarie administrativa del Ayuntamiento de Madrid concediendo licencia a una sociedad para una instalación, de casi 100.000 metros cuadrados, en la que se triturarán millones de toneladas de escombros, que estará situada a 150 metros de una escuela infantil y a unos 100 metros de las viviendas. Todo ello en el límite de Madrid, junto a un poblado chabolista donde habitan alrededor de 100 familias en condiciones infrahumanas, dentro de Madrid en el límite con Getafe. Y donde en los barrios de Butarque y San Cristóbal, ambos afectados directamente por la planta y pertenecientes al distrito de VillaVerde, suman más de 30.000 personas que sufrirán la nefasta instalación.
Estando convencido que la divulgación pública de tal decisión y la firmeza con que ha respondido el alcalde de Getafe, Pedro Castro, sumada a la movilización social de los afectados, estará provocando en los responsables del Gobierno de Ruiz-Gallardón, la seria consideración de seguir adelante con el proyecto; es hora de presentar ideas para tratar de facilitar la salida económica que ha generado este entramado.
Una agresión de este tipo, tiene muchos perjudicados: en primera instancia, los seres humanos que estamos al lado de la instalación. Luego, están otros afectados como son los promotores de proyectos urbanísticos, que ven cómo el desarrollo de una actividad contaminante cerca de donde tienen concedida licencia de construcción, cercenaría la actividad inmobiliaria que pretenden llevar a cabo.
Dentro del movimiento ciudadano ya hemos comentado la necesidad de que todos los afectados empujemos en la misma dirección para lograr el fin último que es “la anulación y traslado de esta explotación a otro lugar que no dañe a nadie”.
Pues bien, hago público lo que entiendo se tendría que hacer desde los poderes económicos: Aplicando el justo precio de un terreno que debe ser destinado para “un plantel de pinos”, se debería constituir una UTE, y comprar los terrenos a la empresa propietaria para facilitar su traslado a otro lugar. Lógicamente, las administraciones municipales y autonómica tienen que jugar un papel mediador que impulse la consecución del acuerdo.
Esta idea, al igual que las denuncias ante los tribunales de Justicia son mecanismos que tenemos que ejercer para conseguir no ser castigados en nuestra salud.
Mucho hemos escrito sobre la barbarie administrativa del Ayuntamiento de Madrid concediendo licencia a una sociedad para una instalación, de casi 100.000 metros cuadrados, en la que se triturarán millones de toneladas de escombros, que estará situada a 150 metros de una escuela infantil y a unos 100 metros de las viviendas. Todo ello en el límite de Madrid, junto a un poblado chabolista donde habitan alrededor de 100 familias en condiciones infrahumanas, dentro de Madrid en el límite con Getafe. Y donde en los barrios de Butarque y San Cristóbal, ambos afectados directamente por la planta y pertenecientes al distrito de VillaVerde, suman más de 30.000 personas que sufrirán la nefasta instalación.
Estando convencido que la divulgación pública de tal decisión y la firmeza con que ha respondido el alcalde de Getafe, Pedro Castro, sumada a la movilización social de los afectados, estará provocando en los responsables del Gobierno de Ruiz-Gallardón, la seria consideración de seguir adelante con el proyecto; es hora de presentar ideas para tratar de facilitar la salida económica que ha generado este entramado.
Una agresión de este tipo, tiene muchos perjudicados: en primera instancia, los seres humanos que estamos al lado de la instalación. Luego, están otros afectados como son los promotores de proyectos urbanísticos, que ven cómo el desarrollo de una actividad contaminante cerca de donde tienen concedida licencia de construcción, cercenaría la actividad inmobiliaria que pretenden llevar a cabo.
Dentro del movimiento ciudadano ya hemos comentado la necesidad de que todos los afectados empujemos en la misma dirección para lograr el fin último que es “la anulación y traslado de esta explotación a otro lugar que no dañe a nadie”.
Pues bien, hago público lo que entiendo se tendría que hacer desde los poderes económicos: Aplicando el justo precio de un terreno que debe ser destinado para “un plantel de pinos”, se debería constituir una UTE, y comprar los terrenos a la empresa propietaria para facilitar su traslado a otro lugar. Lógicamente, las administraciones municipales y autonómica tienen que jugar un papel mediador que impulse la consecución del acuerdo.
Esta idea, al igual que las denuncias ante los tribunales de Justicia son mecanismos que tenemos que ejercer para conseguir no ser castigados en nuestra salud.