Vivir para ver. El Partido
Popular tan defensor de la Constitución Española en muchos de sus artículos,
cuando se trata de cuestiones monetarias, miran para otro lado y cambian todo
lo necesario que haga falta con tal de conseguir el objetivo pecuniario.
Así,
conocemos que ayer el Congreso de los Diputados con los votos de PP, y CiU,
aprueban la Ley de Seguridad Privada que da luz verde para que los vigilantes
de seguridad privada puedan identificar, inmovilizar y cachear a personas en la
calle.
Esta nueva
Ley, abre muchísimas incógnitas todas ellas de dudosa legitimidad jurídica.
Todos conocemos errores que por diversas circunstancias han podido cometer las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ante estos desaciertos, el
responsable subsidiario de los daños siempre es el Estado español.
Ahora, con
las competencias cedidas a las empresas privadas, quiénes son los responsables de
las presuntas injusticias cometidas?
El Gobierno
de Mariano Rajoy, en un alarde más en su afán privatizador bendice al ministro
del Interior, Jorge Fernández Díaz que llegó a justificar la nueva regulación que favorece al sector privado porque facilitará "el crecimiento económico
de España" ya que la seguridad privada agrupa a 1.500 empresas, que da
empleo a 85.000 personas y facturó en 2012, 3.215 millones de euros.
No hay que ser un experto para detectar que con la crisis
económica también se resiente la Seguridad Privada. Por tanto, las empresas
presionan para garantizar unos ingresos seguros a la compañías que se dedican a
la seguridad, les viene de maravilla que les adjudiquen competencias que antes
eran del Estado, que obviamente van acompañadas de sus partida económicas.
Poco le importe al Gobierno y al ministerio de Interior el
cumplimiento del artículo 104 de la Constitución española:
1. Las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el
libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad
ciudadana.
La defensa de la
seguridad no puede ser ocasión de
agresiones, coacciones, desconocimiento de derechos o invasión
de las esferas jurídicas y patrimoniales de otras personas. “Y ésta es una de las
razones que justifican la
intensa intervención en la organización y desarrollo de las actividades de
las empresas privadas de seguridad, por parte de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, que tienen la misión constitucional de
proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y
garantizar su seguridad”.
A partir de la entrada en vigor de
la nueva Ley de la Seguridad Privada, nuestros derechos constitucionales se
verán cercenados en aras de unos ingresos económicos para determinadas empresas
de seguridad.
