La proeza de que Extremadura y Teruel hayan mantenido una
estrecha relación con Tenerife es consecuencia de que en esa ciudad tiene su
residencia Olga María
Henao, militante del Partido Popular.
Precisamente,
se puede deducir que la buena acogida que la tinerfeña de origen colombiano
dispensa a sus apreciados visitantes ha conseguido que el ex senador y hoy presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, la visitara hasta
32 veces, cuando Monago ejercía de senador. Desde el punto de vista político todo
parece indicar el hermanamiento de Extremadura con Canarias.
Desde
que saliera a la luz el caso se están conociendo detalles entremezclados de la
vida personal de Monago con asuntos políticos. Estos, sobre todo, debido a que
los viajes realizados a Tenerife eran cargados a los gastos que tienen
asignados los senadores españoles.
Y,
aunque en principio el hoy presidente de Extremadura afirmaba que dichos viajes
(2009-2010) los pagaba con dinero de su propio bolsillo, ha debido echar
cuentas y posteriormente rectifica y dice que pedirá al Senado la relación de
los gastos de los viajes y que devolverá hasta el último céntimo.
Rota
la relación personal entre Olga María y José Antonio, las buenas relaciones de
la profesional inmobiliaria con los militantes y cargos del PP, le permite rehacer
su vida sentimental con el hasta el lunes próximo diputado popular por Teruel, Carlos Muñoz Obón,
que también cargaba el importe de sus viajes a las arcas públicas del Congreso.
Hecho este, que le obliga a dimitir del cargo de diputado por indicación de la presidenta Luisa Fernanda Rudi.
La
conclusión que podemos sacar de toda esta historia de amores y política es la
siguiente: con independencia de las relaciones matrimoniales, separaciones,
reencuentros y reconciliaciones, lo peor y grave del asunto ha sido descubrir
que cuando los llamados `clase política´ nos están sometiendo a un sacrificio
doloroso y a unos recortes severos en servicios públicos; tanto senadores como diputados
disponen de un presupuesto para gastos que ahora ha quedado demostrado que, aunque
en teoría está destinado a financiar su actividad pública a parte del sueldo
correspondiente, no están obligados a justificar los gastos generados. Es más,
no existe control sobre el desembolso y tampoco comprobación de que el coste se
corresponde con la actividad que tiene asignada.
Casos
como los de Monago y Muñoz ponen de manifestó la falta de ética política que atesoran
nuestros representantes ¡Hay que acabar de una vez con todas estas prácticas viciadas!
