Cualquier magistrado no puede alcanzar una plaza en el Tribunal Constitucional. Debe tener acreditado un prestigio avalado por los trabajos realizados a lo largo de su carrera profesional. El historial idóneo del magistrado Pablo Pérez Tremps, que le sirvió en su día como aval, es precisamente lo que se le vuelve en contra para poder expresar su opinión dentro del Tribunal del que forma parte. Incoherencia mayor no se conoce.
Como es habitual la reflexión expositiva de la editorial del Periódico, demuestra la procedencia de lo ocurrido. Adjunto íntegramente.
La nueva ofensiva contra el Estatut Catalán
El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido --por seis votos contra cinco-- la recusación del PP contra el magistrado Pablo Pérez Tremps, quien no podrá votar en el recurso presentado por los populares contra el Estatut. El motivo de la recusación es haber "participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa".
Pérez Tremps, catedrático de Derecho Constitucional, elaboró un informe académico para la Generalitat sobre las relaciones exteriores de Catalunya. Eso ocurrió un año antes de ser magistrado del Constitucional y antes de que empezara la elaboración del nuevo Estatut.
La primera interpretación de este hecho es clara: la recusación de Pérez Tremps se inscribe en los intentos del PP por romper el equilibrio existente en el seno del Tribunal Constitucional a favor del sector conservador, con el objetivo de que se declare la inconstitucionalidad de una parte sustancial del Estatut. Este proceder del PP --que ha forzado, por primera vez en su historia, la recusación de un magistrado-- encaja a la perfección dentro de la campaña de acoso y derribo contra el Gobierno Zapatero, una estrategia que ha tenido una de sus dos patas --la otra es la tregua de ETA-- en el Estatut de Catalunya. Cabe recordar que magistrados del llamado sector conservador del Constitucional han realizado dictámenes y trabajos políticos siguiendo las tesis del PP, pero nunca fueron recusados.
Pero la realidad es poliédrica y admite otras lecturas. Una de ellas sería la del error cometido por el magistrado Pérez Tremps, al no asumir que --más allá de la estricta aplicación de la ley, siempre opinable-- existe un principio de prudencia y de puntillosa pulcritud democrática que le aconsejaba, cuando se planteó la recusación, quitarse de en medio y dejar el campo libre. De esta forma, hubiese facilitado, con su sacrificio, la recomposición del equilibrio destruido.
La conclusión de fondo tras este episodio es que el bipartidismo político alcanza a todas las instituciones del Estado, incluido el Tribunal Constitucional, que debería estar muy por encima de la melé política diaria. Se trata de un déficit democrático grave, que va a impregnar lo que debería ser un debate técnico, profundo y sereno sobre el Estatut. El PP, que admite en otros estatutos lo que recurre en el de Catalunya, ha visto una brecha favorable en el caso de Pérez Tremps, aun a costa de dañar el prestigio institucional.
Nota del autor: después de la situación que vivimos, y a pesar de lo doloroso del caso para el afamado magistrado D. Pablo Pérez Tremps, éste, apreciada la actitud de la mayoría de los componentes del Tribunal Constitucional, hacia su persona y méritos profesionales, debe presentar su dimisión y que el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero, cumpliendo con su deber, nombre al sustituto en el cargo.
Por muchas voces que levante el PP y sus acólitos medios de comunicación afines, el proceso de revisión estatutaria para el avance de la Comunidades autónomas no puede paralizarse.
