El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley por el que se reconoce y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.
El reconocimiento general y la posibilidad de una reparación y reconocimiento singular constituyen el principal objetivo de esta norma. Desde esta perspectiva, el Proyecto de Ley recoge un reconocimiento general y solemne, por medio de la Ley, que sea expresión del derecho de todos los ciudadanos a esta reparación de su memoria personal y familiar, y que proclame la injusticia de las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal producidas por razones políticas o ideológicas, durante la Guerra Civil, cualquiera que fuera el bando o la zona en que se encontraron quienes las padecieron, así como las sufridas por las mismas causas durante la dictadura.
Si se analiza con detenimiento el contenido del párrafo anterior, queda desmontado cualquier argumento demagógico que insista en afirmar que lo aprobado sirve para dividir a los españoles. Cualquier país instalado en la democracia y que en su historia reciente ha tenido que padecer el tremendo suceso de una guerra civil, y una dictadura de 40 años, superado los efectos del terrible suceso, ha tenido que revisar las causas que lo llevaron a ese lúgubre acontecimiento. En España, en aras de encontrar puntos de encuentro durante la Transición democrática no se acometió el análisis, quedando pendiente de hacer durante este tiempo.
Así lo explica María Teresa Fernández de la Vega: El Gobierno no pretende "reescribir la historia", sino "dar cobertura legal a los ciudadanos que sienten vulnerados sus derechos de ciudadanía".
El espíritu del Gobierno, ha dicho, es seguir trabajando "con el mismo espíritu de concordia que ha animado a los españoles en los últimos 30 años" y que ha permitido que España "sea un país a la vanguardia en la ampliación de los derechos sociales y de nuevos derechos de ciudadanía".
La vicepresidenta ha afirmado que la ley ayudará a "cicatrizar sin reabrir" y contribuirá "a sumar y no a dividir" y "cerrar con honor para todos un capítulo trágico de nuestra historia".
Por ello, se ha mostrado "absolutamente convencida" de que contará con el acuerdo "de todas las fuerzas políticas" durante su tramitación parlamentaria.
Extracto de capítulos a tratar
Pensiones e indemnizaciones-. El número de beneficiarios de las pensiones concedidas ha ido disminuyendo progresivamente, por razón de la consolidación del sistema de ayudas y por la edad del colectivo afectado, al que pertenecen. Eran, a fecha de enero de 2006, 95.943 personas.
Símbolos y monumentos públicos-. La Ley establece que los órganos que tengan atribuida la titularidad o la conservación de los monumentos, edificios y lugares de titularidad estatal han de tomar las medidas oportunas para la retirada de los escudos, insignias, placas y otras menciones conmemorativas de la Guerra Civil cuando exalten a uno solo de los bandos enfrentados o se identifiquen con el régimen franquista.
El Valle de los Caídos-. El Proyecto de Ley dedica un artículo específico al Valle de los Caídos. Establece que se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos, y que en ningún caso podrán llevarse a cabo en su recinto actos de naturaleza política, ni exaltadores de la guerra civil, de sus protagonistas o del franquismo.
Localización de personas ejecutadas-. Con carácter general, el Proyecto de Ley establece que las Administraciones Públicas, en el marco de sus competencias, facilitarán las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la guerra civil o la represión posterior y cuyo paradero se ignore.
Actuaciones en materia de archivos-. El Proyecto potencia el Archivo General de la Guerra Civil Española, al establecer que en él se integrarán los documentos originales, o copias fidedignas de los mismos, referidos a la guerra civil de 1936-1939 y a la represión política subsiguiente sitos en Archivos, Museos o Bibliotecas de titularidad estatal.
La entrada en vigor de esta Ley y la aplicación de su articulado, debe servir para cerrar definitivamente el dolorido episodio de la Guerra Civil y las consecuencias de la Dictadura. ¡Nunca más!
