La Policía Nacional difunde cinco vídeos con consejos para disfrutar de un #VeranoSeguro

La Policía Nacional ha puesto en marcha una iniciativa para difundir consejos que permitan a los ciudadanos disfrutar de un #veranoseguro. Varios agentes relatan sus experiencias en cinco vídeos en los que se ofrecen recomendaciones para no ser víctima de los delitos más comunes cometidos en la época estival. A través de los perfiles oficiales de la Policía Nacional -Twitter, Facebook, Youtube e Instagram- se difundirán varios “tips” con el objetivo de evitar hurtos en aglomeraciones, playas y piscinas; robos en carreteras y domicilios; y delitos a través de las nuevas tecnologías que ayudarán a los ciudadanos a tener un #veranoseguro.

Uno de los vídeos de un Verano Seguro.

Además, Policía Nacional ha actualizado recientemente la Oficina Virtual de Denuncias que ahora permite las presentar denuncias online en inglés, francés y alemán, además de en español. Esta innovación supone una mejora en la atención al turista extranjero cuando es víctima de alguna infracción penal. Para facilitar la redacción de la denuncia se han  incorporado textos predictivos en el campo “descripción del hecho”. A través de de la página https://denuncias.policia.es/OVD/ puede accederse a esta mejorada oficina virtual.

La campaña #VeranoSeguro se impulsará desde los diferentes perfiles oficiales en redes sociales en los que la Policía Nacional está presente, que acumulan más de 4.000.000 de seguidores. Los vídeos cuentan con el testimonio de varios policías nacionales que transmiten experiencias vividas en primera persona y ofrecen consejos prácticos para que los turistas extranjeros y españoles disfruten de sus vacaciones de la forma más segura. 

El Gobierno Municipal de Getafe exige al Ministerio del Interior que rectifique los datos de la seguridad en Getafe

El Gobierno Municipal de Getafe exige al Ministerio del Interior que compruebe de nuevo y rectifique los datos publicados en su página web en referencia al municipio de Getafe, después de haber detectado errores. Según la propia web del Ministerio del Interior, entre los delitos detallados y la suma de infracciones totales, ya que existe una diferencia notable de 1.413 delitos más en 2018. 

Para la concejala de Seguridad, Raquel Alcázar, “este error del Ministerio del Interior supone poner en tela de juicio el gran trabajo que llevan a cabo tanto la Policía Local de Getafe como el Cuerpo Nacional de Policía. No podemos permitir que se genere un problema de inseguridad subjetiva en Getafe cuando realmente no existe”.

 El error del Ministerio del Interior va más allá, puesto que también existe una diferencia notable en las cifras de 2017 publicadas en la página web, arrojando un resultado de 894 delitos más entre los que se detallan por ámbitos y la suma final de los mismos.

Para Alcázar “Getafe es unas de las ciudades más seguras del sur de Madrid, trabajamos cada día para que así sea y no vamos a permitir que se mienta sobre nuestra realidad porque no se hayan comprobado bien los datos. Pedimos al Ministerio que vuelve a revisar bien los datos que se ofrecen en las Juntas Locales de Seguridad de forma exhaustiva”.

El error en la publicación de estos datos, ha llevado al Partido Popular de Getafe, a declarar: Getafe se ha convertido en la ciudad en la que más ha aumentado la inseguridad de toda la Comunidad de Madrid, que en el primer trimestre de 2018 ha crecido un 31,9% según datos del Ministerio de Interior. 

“Getafe tiene la mejor Policía Local de toda España. Los agentes desarrollan un extraordinario trabajo en las calles de la ciudad, pero se encuentran completamente desamparados y desprotegidos por el Gobierno de la socialista Sara Hernández”, ha afirmado Rubén Maireles, presidente del Partido Popular.

Otra agresión a la Constitución

Vivir para ver. El Partido Popular tan defensor de la Constitución Española en muchos de sus artículos, cuando se trata de cuestiones monetarias, miran para otro lado y cambian todo lo necesario que haga falta con tal de conseguir el objetivo pecuniario.

Así, conocemos que ayer el Congreso de los Diputados con los votos de PP, y CiU, aprueban la Ley de Seguridad Privada que da luz verde para que los vigilantes de seguridad privada puedan identificar, inmovilizar y cachear a personas en la calle.

Esta nueva Ley, abre muchísimas incógnitas todas ellas de dudosa legitimidad jurídica. Todos conocemos errores que por diversas circunstancias han podido cometer las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ante estos desaciertos, el responsable subsidiario de los daños siempre es el Estado español.

Ahora, con las competencias cedidas a las empresas privadas, quiénes son los responsables de las presuntas injusticias cometidas?

El Gobierno de Mariano Rajoy, en un alarde más en su afán privatizador bendice al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz que llegó a justificar la nueva regulación que favorece al sector privado porque facilitará "el crecimiento económico de España" ya que la seguridad privada agrupa a 1.500 empresas, que da empleo a 85.000 personas y facturó en 2012, 3.215 millones de euros.

No hay que ser un experto para detectar que con la crisis económica también se resiente la Seguridad Privada. Por tanto, las empresas presionan para garantizar unos ingresos seguros a la compañías que se dedican a la seguridad, les viene de maravilla que les adjudiquen competencias que antes eran del Estado, que obviamente van acompañadas de sus partida económicas.

Poco le importe al Gobierno y al ministerio de Interior el cumplimiento del artículo 104 de la Constitución española:

1. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

La defensa de la seguridad no puede ser ocasión de agresiones, coacciones, desconocimiento de derechos o invasión de las esferas jurídicas y patrimoniales de otras personas. “Y ésta es una de las razones que justifican la intensa intervención en la organización y desarrollo de las actividades de las empresas privadas de seguridad, por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que tienen la misión constitucional de proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y garantizar su seguridad”.

A partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de la Seguridad Privada, nuestros derechos constitucionales se verán cercenados en aras de unos ingresos económicos para determinadas empresas de seguridad.