La investigación que se lleva a cabo sobre la trama Gürtel,
está dejando al descubierto una serie de prácticas en los partidos políticos
que, si no son ilegales, sí podemos considerarlas éticamente reprochables.
Cuando todavía resuena en nuestros oídos la recomendación
del Gobernador del Banco de España indicando modificar el salario mínimo
interprofesional, conocemos que diputados portavoces y adjuntos añaden a su sueldo
“complementos dinerarios especiales”.
Cantidades nada desdeñables que acumulan en sus ingresos.
Sí parece, que son declaradas legalmente y por tanto, pagan sus impuestos correspondientes.
En el caso que se investiga y que afecta a la trama
montada dentro del Partido Popular, cuando el juez Ruz, solicita la contabilidad
interna del PP, allí aparece que los hoy alcaldes del Getafe y Alcorcón, en su
etapa de diputados han recibido “complementos” que en el caso de Juan Soler, en
la contabilidad tiene apuntes asignados en el año 2010 de 11.060 euros en
concepto de “sobresueldo” y en el año 2011, la cantidad asciende a 4.605 euros
hasta el mes de mayo.
En el caso de David Pérez, alcalde de Alcorcón, la
cantidad contabilizada entre el año 2010 y parte de 2011, asciende 32.928 euros,
en concepto de “colaboraciones”.
En el informe presentado se ha detectado hasta 11 altos cargos que percibían
pagos extras de su grupo parlamentario de la Comunidad de Madrid.
Cuando analizas los importes totales que perciben
determinados parlamentarios autonómicos o nacionales, valoras lo privilegiada
que está la “clase política”. Y, se comprende la poca repercusión que tuvo la
propuesta de Alfredo Pérez Rubalcaba “un político un sueldo”. Mientras, la
sociedad que la elige y para la que debe gobernar cada día se encuentra en un círculo
económico estrecho sin perspectivas de salida.
Vista esta realidad la sociedad debemos reaccionar e
intentar corregir estos abusos económicos. Se está preparando una Iniciativa Legislativa Popular para erradicar estos privilegios.
