La Comunidad de Madrid acelera la implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia

La Comunidad de Madrid ha dotado de ordenador portátil a todos los magistrados, jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia de la región, lo que les permite el acceso al expediente judicial electrónico desde fuera del órgano judicial a través de una conexión segura y con capacidad de almacenamiento en la nube. Igualmente, se está terminando de implantar la firma electrónica para estos colectivos, a los que se les está impartiendo sesiones formativas para familiarizarles con el nuevo sistema.

Otro de los ejes de actuación ha pasado por dotar de sistemas de grabación digital y sistemas de videoconferencia a los juzgados. En la actualidad, todas las salas de vistas de la región cuentan con equipos de videoconferencia, lo que ha supuesto una inversión de 1,3 millones. En las salas de vistas también se están instalando ya pantallas para visualizar las pruebas y se han adquirido distorsionadores de voz para garantizar el anonimato en las declaraciones de víctimas de delitos graves.

Otra novedad ha sido la puesta en marcha de la Sede Judicial Electrónica, que supone un avance hacia el objetivo de ‘papel cero’ en la Justicia y abre nuevas vías de información y participación a los profesionales y a los ciudadanos en su relación con la Justicia. 

Así, por ejemplo, ciudadanos y empresas pueden presentar sus escritos, de trámite o iniciadores de demanda, de manera telemática; obtener un apoderamiento Apud Acta de forma telemática y gratuita; y conocer la situación de los asuntos judiciales en los que son parte. Información a la que también pueden acceder los profesionales en aquellos casos en los que intervienen. 

A través del portal de la Comunidad de Madrid o de una app específica, las partes también pueden ahora consultar una agenda de las vistas señaladas en la región, con la localización de la sala, la hora exacta y el estado del proceso.
Sede Judicial Electrónica.

José Elpidio Silva no está loco

La televisión líder de los sábados `La Sexta Noche´ dentro del contenido del programa, ayer analizó con sus tertulianos habituales el novedoso juicio contra el Juez, José Elpidio Silva. Que a la sazón ha sido denunciado por Miguel Blesa.

Es curioso y altamente sorprendente que después de leer todos los correos electrónicos que mandaba y recibía el que fuera presidente de la destruida Caja Madrid, las inversiones sobre valoradas de compra del banco de Miami, y el préstamo concedido al que fuera presidente de los empresarios españoles, para proteger la información de todos los detalles dicta orden de encarcelamiento de Blesa; y, ahora utilizando todos los resquicios jurídicos sea la denuncia de Miguel Blesa quién sienta en el banquillo al Juez.

Recientemente, el Juez Elpidio, presentó en el Ateneo de Madrid el libro de Alberto Sotillos `Democracia contra la Democracia´. En el acto, el presentador habló del contenido del libro ensalzando el aporte que hace Sotillos a la mejora de la democracia. Y, en el posterior debate entre los asistentes que llenaban el Ateneo, es verdad que aprovechó el momento para hablar de su proyecto político `Movimiento en Red´. Algunos presentes consideraron inoportuno el momento, pero así de imprevisible es Elpidio. Lo que demuestra que sabe perfectamente lo que hace.

Anoche, en base a las imágenes y comentarios del juicio, se puede decir que de manera unánime los tertulianos censuraban el comportamiento del Juez para con el Tribunal que le estaba juzgando. Cierto es que a nadie que esté acusado se le permite hablar salvo cuando el presidente del Tribunal le pregunta, para ello, está su abogado representante.

Así, podemos valorar que el abogado Carlos Conde-Pumpido, abandona la representación de su cliente a petición de Elpidio y todo un tira y afloja entre representante y cliente.

La cadena televisiva después de la exposición de sus tertulianos, anuncia la entrevista con el abogado presente en el plató. Estaban  los asistentes convencidos que Conde-Pumpido, el exabogado de Elpidio, iba a manifestar en directo su despecho contra su cliente por todo lo que los medios han publicado. Es más algún osado entre los presentes anuncia que va a preguntar si este hecho “supone la ruina de su carrera”.

La gran sorpresa y desconcierto entre los entrevistadores surge cuando el abogado ofrece una versión distinta a la que esperaban. Es más, aun no compartiendo el proceder del acusado, entiende que se actué de la manera que lo hace. Declara que tienen dificultades para obtener las pruebas solicitadas, incluso cuestiona la coincidencia de la fecha anunciada del juicio con el día que se presentan las candidaturas a las elecciones europeas. Y, por su puesto la dificultad debido a las fechas establecidas para recusar a una magistrada que en la época dorada de Blesa había formado parte de Caja Madrid.

Conde-Pumpido, respetando al presidente del Tribunal, sí advierte posibles injerencias de poderes ajenos a los tribunales, y sobre todo declara soberanamente que el Juez, José Elpidio Silva, no está trastornado.
ENTREVISTA AL ABOGADO.

Retrocedemos 30 años

Falta poco para que finalice 2013. Año que yo considero como asfixiante para la sociedad española. El Gobierno del Partido Popular que preside Mariano Rajoy, ha ido implantando leyes y medidas que nos hacen retroceder 25 años en nuestra historia.

Paso a paso hemos perdido derechos laborales, nos aplican subida de impuestos, nos recortan servicios en Sanidad, Educación, Pensiones, Justica, y no contestos con ello, ahora le meten mano a las `libertades´.

La Ley `Mordaza´ sobre Seguridad Ciudadana viene a controlar todas las consecuencias que genera tanto atropello anteriormente descrito. Pero todavía avanzan más en la línea represiva que tienen diseñada. Y, así, conocemos la nueva Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Que de voluntaria no tiene más que el título, debido a que si la mujer no es violada y denuncia el acto, ella en España no tiene posibilidad de tomar la decisión que considere más conveniente para su persona.

Luego tenemos el segundo supuesto `malformación del feto´. Aquí todavía someta más a la mujer al calvario de tener que pasar por la revisión e informe de dos profesionales independientes y que el veredicto coincida en el pronóstico: “grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer”.

Esta Ley, si finalmente se aprueba así por los representantes del pueblo en el Congreso provoca tantas lagunas e injusticias que sólo las mujeres con poder adquisitivo van a poder disponer de su voluntad cuándo y cómo lo consideren conveniente. A bote pronto me sale una pregunta ¿Quién selecciona a los médicos independientes y quién paga los informes?

También tenemos los demás casos de embarazos no deseados que no han sido producto de violación ¿Las obligaran a las mujeres a tener que poner falsas denuncias?

Sinceramente considero que esta desmesura del contenido de la Ley, no puede ser aprobada. Para evitarlo las mujeres del parlamento español con independencia de la ideología política tienen que votar en contra. No pueden doblegar a todas sus semejantes de género a tener que someterse al capricho de una legislación antediluviana del ministro de Justicia. Menuda Justicia nos está dejando el santo de Gallardón.

Pero cuidado, el pensamiento me lleva a considerar que todavía existen derechos conseguidos y que afectan a grupos de personas que el anterior Gobierno Socialista ha proporcionado igualdad de trato y derechos. Mucho me temo que los próximos en acorralar serán los grupos de homosexuales y lesbianas. Recordemos que a la Iglesia Católica no le gusta el matrimonio Civil entre iguales.

Esta horrible situación que vivimos en España, sólo se arregla con unas elecciones anticipadas.

La manipulación del Ministro

El hecho de haber participado en la campaña "Alberto Ruiz-Gallardón: Derogación de la Ley 10/2012 de Tasas Judiciales," genera que su promotor visto lo anunciado por el Ministro, nos haga llegar a los participantes la siguiente nota aclaratoria de la manipulación anunciada.

El miércoles 20 de febrero, tras el gran éxito de la huelga de Jueces y Fiscales, el Ministro Gallardón intentaba dar un golpe de efecto sobre la opinión pública indicando que se procedía a revisar la Ley de Tasas Judiciales aprobadas, indicando que su cuantía se reduciría en un 80%. Muchos se han creído el titular pero no se han leído la letra pequeña. Es rotundamente falso que las Tasas Judiciales se hayan reducido en un 80%. “Es una total y absoluta manipulación”. 

Lo que Gallardón no ha explicado a los ciudadanos es que, en la Tasa Judicial existe una parte fija y otra variable. La cuantía fija se establece en función del tipo de recurso presentado y la variable es un porcentaje del 0,5% sobre la cantidad reclamada. “La suma de ambas, es la Tasa que el ciudadano tiene que pagar”.

Pongamos un ejemplo: yo presento un recurso de apelación alegando una responsabilidad patrimonial por negligencia médica y reclamo 40.000 €uros. Con las tasas anteriores 10/2012; un ciudadano tendría que pagar 800 €uros de Tasa fija y 200 de Tasa variable, es decir, en total 1.000 €uros. Lo que ha prometido Gallardón, y aquí viene el gran engaño, es que se reducirá un 80% de la parte variable de la Tasa, pero no de la parte fija, es decir, la reducción solo se aplica a uno de los dos aspectos que suman la Tasa. Siguiendo el mismo ejemplo con las nuevas Tasas, ese ciudadano tendría que pagar 800 €uros de Tasa fija y 40 € de variable, lo cual suma 840 €uros. Como se observa, la reducción no es del 80%, del total, sino de un mísero 16%. ¿Se cree Gallardón que la clase media puede pagar a día de hoy 800 €uros por un recurso? 

Lo peor no es aprobar una Ley de Tasas injustas, lo peor es que encima se rían de los ciudadanos haciéndoles creer que se rectifica cuando en el fondo todo sigue igual. No podemos tolerar que nos dejen sin Justicia y mucho menos que encima nos engañen con titulares manipuladores.

Por ello, he querido hacerlo público para conocimiento de lectores, amigos y opinión pública general.

Cuando la política se judicializa

El Partido Popular, a pesar de su mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, todas las iniciativas parlamentarias llevadas a cabo las hace a través del Decreto Ley. Así evita el trámite parlamentario y el debate en el Congreso.

Ha cogido tal vicio a realizar leyes basadas en los decretos, que a los partidos de la oposición no les queda otra opción que la presentación del recurso constitucional contra la Ley que aprueba el Gobierno en solitario.

Consecuencia de lo anterior, es el conflicto legal que genera cuando el alto Tribunal rectifica aspectos básicos de la Ley vigente.

Los dos últimos pronunciamientos han puesto en evidencia la manera que tiene el Gobierno de Mariano Rajoy, de crear leyes de dudosa legalidad.

Así, resulta que la decisión que toma el anterior Gobierno Vasco de prestar servicio sanitario a los extranjeros que no tengan papales, se enmarca dentro del derecho que tenemos a recibir asistencia sanitaria. Corrigiendo con ello, el peligro de dejar a una población sin atención, con las consecuencias de salud que ello generaría. Es decir, los sin papeles deben ser atendidos en los Centros de Atención Primaria.

El segundo dictamen del Tribunal Constitucional está relacionado con el Gobierno de la Junta de Andalucía. El Gobierno que preside José Antonio Griñan, está demostrando que hay otro modelo económico para salir de la crisis manteniendo el Estado de Bienestar. Ante la necesidad de ajustar el presupuesto del gasto, decide sacar a concurso el precio de los medicamentos que usan en Andalucía destinados a la asistencia sanitaria. El laboratorio que ofrezca el montante más barato será el suministrador de los fármacos.

Esta manera de actuar no le gusta al Gobierno de Rajoy, y recurre la Ley ante el Constitucional. Y, éste, argumenta que no existe inconstitucionalidad en la Ley que abarata la gestión, al ser una competencia transferida y por tanto, competencia de la Junta de Andalucía.

Lo grave de este proceder, es que todavía estamos pendientes de más de diez dictámenes relacionados con leyes vigentes que ha aprobado el Gobierno por el proceder del Decreto Ley. Igual que en los casos anteriores puede suceder que tengamos dentro de su articulado apartados inconstitucionales.

La conclusión que podemos sacar es una evidente incapacidad para gobernar en una situación de crisis profunda. Su mayoría absoluta no le está avalando en la cuenta de resultados que presenta a la sociedad. Y, en contra de lo prometido en su día cuando afirmaba que “no iba a responsabilizar a nadie de la difícil situación que recibía”, ahora, predica a las cuatro voces que “no se hace responsable de lo que han hecho otros”.

En definitiva, este Gobierno solo no es capaz de solventar el problema que tiene España. Por tanto, tiene la obligación de llamar a los agentes sociales y partidos políticos e impulsar unos acuerdos que hagan salir a la sociedad española de esta encrucijada. Ha quedado demostrado que la confianza que un día despertó, hoy no volvería a recibirla. 

Un año horrible y penoso

Este fin de semana comienza los tradicionales encuentros de convivencia que acompañan a estas fiestas. El hecho de la reunión festiva no puede impedir el análisis de la situación social que hemos alcanzado este año que termina, 2012.

En líneas generales, ha sido el año donde el Gobierno del Partido Popular ha sentado las bases para impulsar un cambio radical del modelo social desmontando el Estado de Bienestar que habíamos logrado con el trabajo durante más de treinta años.

Apoyándose en la consabida crisis y allí en las comunidades autónomas donde gobierna ha ido aplicando severos recortes en los servicios públicos esenciales que son el equilibrio de la convivencia social.

Así, se reduce las plantillas de profesionales de la Enseñanza, se recorta el presupuesto universitario, con las graves consecuencias que ello tiene para los departamentos de investigación. En Sanidad planifica un trasvase de la atención de pacientes desde los hospitales públicos a los privados, e introduce el concepto de rentabilidad económica olvidándose del significado “rentabilidad social”. El presupuesto destinado a la Dependencia se mutila de tal manera, que se paraliza el proceso de valoración y atención a los dependientes.

Estas fueron las primeras medidas que luego vinieron acompañadas de la subida del IVA, y del aumento del aporte económico que hacemos a los medicamentos comprados con receta médica.

En un Estado de Derecho la función que se le asigna a la Justicia hace que todos seamos iguales ante la Ley y por ello, se implanta un modelo el cual, permitía que así fuese. La nueva Ley que aprueba el Gobierno de Mariano Rajoy, convierte a la Justicia en “prohibitiva y elitista”. Es decir, las tasas que contienen los recursos hacen que los menos pudientes desistan de pedir auxilio en los tribunales. Siendo la élite social quienes pueden permitirse el favor del recurso.

El Pacto de Toledo, Ley donde se sustenta el futuro de las pensiones garantizaba la revalorización con la subida del IPC. El Partido Popular con su mayoría parlamentaria aplica otro modelo de subida que supone una importante reducción del poder adquisitivo de los pensionistas. Y, por si todo lo descrito fuera poco, ahora estudia aplicar la tarifa de copago por el transporte no urgente de pacientes crónicos según su renta. Mínimo cinco euros por cada viaje.

Mientras, las medidas económicas que aplican las entidades financieras, hace que después de recibir importantísimas cantidades de dinero se despide a los trabajadores para engrosar los seis millones de parados.

Como en estos días al calor del encuentro siempre nos deseamos lo mejor para todos, yo lo que deseo para 2013, “es que nos devuelva todo lo que hemos perdido”.

No es el síntoma es la consecuencia

Durante tres sábados consecutivos y en horario de máxima audiencia, una televisión de cobertura nacional está tratando de manera exhaustiva el movimiento reivindicativo del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Cubriendo así, la información acaecida durante la semana.

En cada capítulo, los representantes del SAT, dejan claro que se trata de acciones llamativas para denunciar la falta de recursos básicos que un número muy importante de familias españolas están padeciendo y por ello, se debería tomar medidas que ayudarán a paliar esta dramática situación. La misma fórmula también está siendo empleada por el movimiento extremeño en defensa de una renta básica.

Hasta hoy, el poder político sólo manifiesta que las acciones realizadas deben ser castigadas por la Ley. No dice nada sobre medidas urgentes que se puedan aplicar y que ayuden a sostener una convivencia social. Es más, significados representantes del Partido Popular únicamente ponen el foco en la necesidad de juzgar en los tribunales a la cabeza visible del sindicato andaluz. Con mucho sentimiento argumenta que si alguna vez alguien con ese perfil político fuera Presidente, él se iría al exilio.

Pero en el breve vídeo, también dice algo que no comparto, veamos:

Según el portavoz popular lo que sucede es el “síntoma” no la “consecuencia”. Yo digo que es todo lo contrario, las acciones reivindicativas son “consecuencia” de una situación insostenible en el día de hoy. Y, además lo argumenta haciendo alusión a los palmeros que jalean las acciones. Demostrando todo ellos, un nulo interés para salir de la crisis.

Esa frase Sr. Pons, ha sido la espoleta para recordarle que ustedes Partido Popular, son expertos en dejar que las cosas que se apreciaban complicadas siguieran adelante, es más le recuerdo la famosa frase de su compañero Sr. Montoro: “dejad que España se hunda ya la levantaremos nosotros”.

Pues bien, señores del Gobierno de España, ni entonces fue acertada la actitud de acoso y derribo. Ni ahora, se puede estar impasible ante la realidad social que cada día crece en la España del siglo XXI. Hay que tomar decisiones que ayuden remediar situación que se vive.

"Gordillo debe responder ante los tribunales". Vídeo.

Como lo siento, lo digo

Decepcionante ha sido el veredicto del titular del Juzgado número 29 de Madrid, que después de tomar declaración a una persona reclamada por la justicia en búsqueda y captura lo deja en libertad con cargos.

Ha debido ser decepcionante para los profesionales del Cuerpo Nacional de Policía montar todo un dispositivo de vigilancia y estrategia para detener a la persona que seguían desde el mes de agosto 2011, que se escapa de la operación “ceniza”. Y, cuando lo entregan a la Justicia, el partícipe con un historial ampliamente conocido, presta declaración y lo dejan en libertad.

Entonces, cabe preguntarse para qué los Tribunales de Justica lo reclaman? No se puede entender.

Como tampoco se puede aceptar en un Estado de Derecho las dos sanciones de mil euros iniciadas contra un ciudadano por concentrarse a favor del juez Baltasar Garzón en dos de las manifestaciones que se celebraron en apoyo al magistrado en enero y febrero.

Julián Rebollo, un jubilado madrileño, es la persona contra quien la Delegada del Gobierno dirige sus reclamaciones económicas.

Con todo respeto para la autoridad que representa la Delegada del Gobierno. Aunque justifique la sanción basándose en los datos recogidos por los Agentes de Policía, tiene potestad para anular el castigo económico. Además, utilizando la simple lógica, no tendría sentido que entre cientos de personas que expresaban su apoyo al Juez Garzón se sancione a un ciudadano ejemplar icono del movimiento ciudadano madrileño.

La Sra. Cifuentes, en el caso del delincuente anterior había pedido al Magistrado que no dejara en libertad al detenido y no fue escuchada. Ahora, no puede sancionar a una persona cívica de izquierdas que ejerce su derecho en libertad. Con toda seguridad que la Policía comprenderá los motivos.

Quizás, estas lagunas jurídicas obliguen al Sr. Ministro a intervenir y poner orden en tanto desorden y sin justicia ¡Sr. Gallardón pude usted lucirse!

Rarezas de la Justicia

Tendrán que pasar algunas horas del pronunciamiento del veredicto de la sentencia del caso Gürtel, para conocer la opinión que otros países tienen de la Justicia española. Es un contrasentido que el juez que investiga la trama esté a punto de ser condenado y los acusados relacionados con la conspiración “absueltos”.

Después de 26 días de exposición de pruebas, declaraciones de testigos y escuchas de grabaciones que afectan a las dos personas encausadas con los organizadores de la conspiración del Gürtel, el jurado popular considera que ante la duda han aplicado la consideración más favorable para los acusados.

Aunque cada día que pasaba se iba tejiendo la maraña de lo declarado con la presencia de testigos que insinuaban, decían pero no afirmaban, a nadie pudo dejar indiferentes el contenido de las conversaciones telefónicas expuestas: “Amiguito del alma, te quiero un huevo, tenemos que vernos para hablar de lo nuestro que es muy bonito”.

Esta declaración de amistad puesta en el contexto que se estaba dilucidando demuestra un trato muy especial.

Pero, a pesar de todo, el jurado afirma que no se ha podido demostrar que recibieran regalos. Luego hay otra cuestión que me sorprende. La ley sostiene que para que se dicte un veredicto de culpabilidad son necesarios siete de los nueve votos del jurado, mientras que para el de inocencia son suficientes cinco.

Sinceramente, han sido declarados “no culpables” pero todo lo que hemos visto y escuchado durante el proceso, me hace declarar que la Justicia en Valencia es muy extravagante.

¡Aberrante!

La clase trabajadora española, después de las declaraciones del presidente de la CEOE, Juan Rosell, proponiendo que el despido improcedente para los nuevos contratos indefinidos se rebaje a 20 días (de los que 8 los abonaría el FOGASA) y el procedente "a 12 días o nada", hacemos un llamamiento a los sindicatos de clase.

También pedimos a los partidos políticos que se presentan a las elecciones del 20-N, rechazar totalmente la propuesta del “repago” en Sanidad, Justicia y Educación.

     

Son muchos años de espera

Sahara-noviembre_2010

¿Hasta cuándo?

Historias emotivas y trágicas sin resolver. Yo también pregunto: dónde está mi abuelo.

¿Todo atado y bien atado?

Cuando planificamos la programación que la Fundación César Navarro, realiza dentro de su ciclo de Conferencias, nos obligamos al análisis de la actualidad. Por unanimidad, acordamos que la situación que vive la Justicia en España se tenía que someter a debate.

Así, el ponente Ramón Cotarelo, Catedrático de Ciencias Políticas, nos ofreció a los asistentes un excelente relato de la transición y la postransición para entender mejor la situación que hoy vivimos.
Después de visionar y comentar las curiosas fotos de la época franquista, se nos explica que los poderes establecidos durante cuarenta años, todavía tienen sus reminiscencias en nuestra sociedad.

El Ejército español cuando entramos en la OTAN forma parte de una estructura la cual, impide cualquier atisbo de nostalgia de tiempos pasados y no tiene otra salida que la integración democrática en el sistema constitucional.

Luego, está el poder de la Iglesia católica que en función de los dirigentes de turno puede abrirse o cerrarse en sus postulados. Ahora, estamos cerraditos.

Finalmente, está el poder de la Justicia. La reforma de los códigos de justicia ha sido mínima. Por tanto, estamos actuando bajo unas estructuras del siglo XX.
Conocemos que la carrera judicial es larga y compleja. Que los poderes de los altos tribunales están en manos de personas de edades consideradas.
Aquí, abrimos un paréntesis para darnos cuenta cuando nos ponen las fotos del pasado franquista, que la Plaza de Oriente se llenaba con adeptos. Se decía que los traían en autobuses, pero, es bien cierto que a nadie obligaban a subirse a ellos. Luego, llega la transición democrática y se diluyen desconociendo si abandonan los sentimientos.

A la par, tenemos fotos de restos humanos que todavía hoy, están abandonados en las cunetas de las carreteras y cuando alguien atendiendo a la Ley de la Memoria Histórica decide investigar los crímenes del franquismo, el anterior entramado expuesto denuncia al Juez Baltasar Garzón, y el Tribunal Supremo decide abrir el proceso judicial.

Consecuencia: El Consejo General del Poder Judicial CGPJ suspende por unanimidad al Sr. Garzón mientras es juzgado por el Tribunal Supremo.

Visto todo ello, es necesaria una estructura internacional que acoja a nuestro Poder Judicial.

Cuesta asimilarlo

Se entiende el objetivo que se pretende conseguir con las medidas implantadas: corregir el déficit público. Lo que la sociedad sí vamos a necesitar es tiempo para asimilar las consecuencias que estas medidas van a tener en todos y cada uno de los españoles/as.

Ha sido valiente el Presidente del Gobierno, cuando anuncia que no han sido las clases sociales medias bajas, quienes provocan la crisis económica, y sin embargo, si van a sufrir directamente las medidas correctoras. Es muy duro.

Por simplificar la reflexión; hemos podido entender que se subieran los impuestos, si la mayor recaudación servía para amortizar y corregir el déficit, al mismo tiempo que se mantenía las prestaciones sociales a los más desfavorecidos. Pero, las medidas anunciadas rompen en parte el esquema anterior. Con toda seguridad las cuentas públicas encontrarán equilibrio. Para ello, el colectivo de funcionarios, pensionistas, jóvenes futuros padres y mayores dependientes serán los más afectados directamente.

Aprobar lo anterior en Consejo de Ministros el viernes próximo, si más, desmontando así de un plumazo todo el equilibrio social del Gobierno, puede pasar una factura política muy difícil de pagar.

Dice el portavoz socialista José Antonio Alonso, que para salir de la crisis en las mejores condiciones el esfuerzo debe ser “nacional”. Este máximo principio se tiene que convertir en la hoja de ruta que no debemos perder. Así, además de reducir los salarios de los diputados, senadores, cargos de confianza; la cascada tiene que seguir: comunidades autónomas, ayuntamientos, empresas públicas, más cargos de confianza, agentes sociales. Todos tienen que soportar un importante recorte salarial.

Pero, llegados a esta situación, hay que buscar incrementar los ingresos del Estado. No vale sólo contentarnos con la subida del IVA, hay que exigir a las grandes fortunas su aportación, tenemos que revisar los impuestos eliminados, esto se hizo en momentos diferentes y ahora toca el esfuerzo de todos y a nivel nacional. En definitiva, gobernar en tiempos de una gran crisis.

Con esta firme decisión y logrando el objetivo corrector, se puede aliviar el esfuerzo a las clases que más están sufriendo la crisis. Es de justicia social.

Acertado o erróneo

El encuentro con antiguos conocidos desemboca en el inevitable cambio de impresiones sobre lo acertado o erróneo de los posicionamientos públicos en defensa y apoyo a Baltasar Garzón. Con independencia de lo expresado, se llega a la conclusión de que se ha generado una situación compleja que debe ser enfriada.

Para poner luz sobre lo que vivimos, es necesario remontarse en la historia y con serenidad, ir desgranando cómo se produce la transición de la dictadura a la democracia y la evolución que inevitablemente han tenido que llevar a cabo las distintas Instituciones del Estado. El Ejército y los Cuerpos de seguridad, están totalmente integrados. El Poder Judicial necesita un esfuerzo complementario para culminar la acomodación con el siglo XXI.
Partiendo de ese inicio, podemos entender los acontecimientos que alteran la interpretación que hace la sociedad. Únicamente así, es comprensible que una actuación considerada incorrecta desde la ortodoxia de la judicatura, pueda terminar encausando al Juez que instruye la causa. La solución evolutiva adaptada, hubiera sido desestimar el proceso y punto final.

Como ciudadano español, me siento motivado cuando nuestros vecinos europeos nos piden datos y detalles de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Se comprende que España en los foros internacionales es puesta de ejemplo a imitar en los avances legislativos de esta materia.
La Ley de la Memoria Histórica, también era necesaria para reparar la injusticia que muchos antepasados nuestros sufrieron a manos de un Gobierno dictatorial. La interpretación malintencionada que se ha pretendido hacer de las consecuencias de su entrada en vigor, genera que familias afectadas y esperanzadas en la reparación social pendiente, ante la ralentización de su desarrollo exijan en los tribunales el cumplimiento de la Ley.

La aceptación que hace el Sr. Garzón, en cumplimiento de lo legislado por el Parlamento español, y la nunca entendida reacción de un sector de la sociedad que se opone al esclarecimiento de lo vivido; provocan que hoy, en el mundo desarrollado estemos siendo analizados y no precisamente para elogiarnos como se hizo con la Violencia de Género.

Esta situación, con imparcialidad ideológica no debe satisfacernos a la sociedad española.

Lo lamento Sr. Neira

Me siento indignado. Ejerciendo el derecho que tengo a expresarme libremente, quiero dejar constancia de la opinión que tengo del profesor Neira. Este hombre que intervino en defensa de una mujer que estaba siendo agredida y padeció sus consecuencias, no ha sabido gestionar la popularidad que el suceso le proporcionó.

Recuperado de las secuelas del ataque del agresor, es nombrado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre (PP) presidente del Consejo Asesor del Observatorio contra la Violencia de Género de Madrid. Nada que objetar al nombramiento. Pero rechazo total y absoluto a las manifestaciones que el cargo le permite ofrecer a la sociedad española.
Además, me preocupa mucho el pulpito divulgativo que le ofrece ejercer como profesor de Derecho Constitucional y Teoría del Estado de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es decir, si el pensamiento que expresa en su libro se lo transmite a sus alumnos, aunque esté formulando libremente su pensamiento, flaco favor está haciendo a la tolerancia y convivencia de las personas.

Declaro que soy lego en la argumentación que expresa: La Carta Magna de 1978 fue una "anormalidad democrática" y "un apaño y arreglo entre las partes". "Cualquier persona que sepa alto de Teoría Política, Teoría del Derecho o Derecho Constitucional sabe que para haber una Constitución tiene que haber un poder constituyente y ésta se hizo sin tenerlo".

Pero como ciudadano estoy convencido que la Constitución del Estado español, nos ha servido y sirve para caminar en Paz y concordia. Por ello, que un profesor universitario inocule ese pensamiento en los jóvenes es muy peligroso. Este hombre se olvida que salíamos de una dictadura de más de cuarenta años, que no hubo ruptura con el pasado y que la transición fue una apuesta firme y comprometida de mucha gente y partidos políticos. No es de justicia social que ahora aproveche su popularidad para afirmar en su libro que: "el sustrato de violencia y terror" forman parte de las "entrañas mismas del socialismo".

Mira Jesús, soy y me siento socialista. La agresividad y violencia no tiene ideología. El odio que expresas con tus palabras, yo, aunque te haya nombrado Esperanza Aguirre (PP) jamás diré que una persona con pensamiento conservador acumula en su interior violencia y terror.

Los españoles y españolas queremos entendernos todos y todas y vivir en Paz. Por ello, una persona con el pensamiento tuyo, no debe ni puede presidir un Observatorio contra la Violencia de Género. Incluso, llegados a este punto y dado que, te ratificas en tus palabras, también tendremos que valorar si eres digno de ejercer de profesor. Lo siento, pero eres un provocador.

Reiteramos nuestro apoyo

La importancia de conocer con detalle la historia es precisamente para evitar que se repitan sus errores. En el relato adjunto, ya en septiembre de 2009, razonaba sobre la necesidad que tenemos la sociedad española de expresar lo siguiente: "y espera que las acusaciones contra el juez Garzón sean desestimadas a la mayor brevedad posible".

Parece que no es así y los tribunales mantienen una actitud que nadie entiende. Así lo manifiesta hoy, en un excelente artículo Juan Gelman en la Tribuna del PAIS.

miércoles 9 de septiembre de 2009

La ley debe apoyar a Garzón

La falta de agilidad para desarrollar el contenido de la Ley de Memoria Histórica, hace que familiares de personas desaparecidas por la represión franquista se dirijan a los tribunales de Justicia y soliciten su intervención en el cumplimiento de la Ley.

Así, la denuncia llega al juzgado de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional. Cuyo titular es el juez más conocido y polémico de España. Baltasar Garzón.
Que es una persona controvertida lo demuestra su permanente presencia en la vida pública, pero ello, no impide que en su curriculum destaquen los más importantes sumarios del mundo de la judicatura.
Indagando en su biografía valga esta pincelada. Desde que en 1988 tomó posesión como magistrado del juzgado de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional. Ha instruido más de una veintena de causas contra la la banda terrorista ETA, entre la que destaca la causa contra los parlamentarios de HB José Mugurza e Iñaki Esnaola. Participó en 1992 en París en lo que ha sido el golpe policial más importante contra ETA, interrogando a los dirigentes de la banda terrorista Francisco Múgica Carmendía y Joseba Aguirre Erostarbe. En temas de narcotráfico ha dirigido “La Operación Nécora” y “La Operación Pitón”.

La sociedad en general nos preguntamos ¿un magistrado con este haber en su carrera qué ha hecho para que se tenga que sentar en el banquillo de los acusados? La respuesta: investigar las fosas de los desaparecidos del franquismo.
Obviamente, la querella la interpone el sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad. Se le acusa de un delito de prevaricación.

Quiénes son: Manos Limpias se denomina así mismo como sindicato. Esta organización ultraderechista esta dirigida por Miguel Bernard, ex responsable de la formación Fuerza Nueva, que la fundó en 1995 bajo la premisa de que “allí donde existe un delito debe haber alguien capaz de denunciarlo”.

El Tribunal Supremo, admite a trámite la denuncia y el juez Garzón, por tratar de aclarar dónde pueden estar los desaparecidos, es imputado.
Con independencia de las razones jurídicas; la determinación de Garzón u otros magistrados de seguir el cumplimiento de la Ley, ayudaría a muchos familiares a conocer dónde están los restos de su familia y poderlos enterrar decentemente.

Es posible que no cumpliera la ortodoxia, ya que, en 2008 el Ministerio Fiscal informó al Juzgado Central de Instrucción número cinco que no era competente y no procedía que siguiera admitiendo denuncias sobre fosas cuya existencia se presuponía en diversos territorios españoles. Esto, le obliga a renunciar a favor de los juzgados territoriales.

Pero ello, no impide que la Comisión Internacional de Juristas exprese mediante un comunicado su preocupación ante esta investigación abierta al juez de la Audiencia Nacional y recuerda que "los estándares internacionales relativos a la independencia de la judicatura prohíben la responsabilidad penal de los jueces por decisiones controvertidas e incluso injustas o incorrectas, que en todo caso deben ser tratadas a través de los mecanismos disciplinarios establecidos a tal efecto". La Comisión afirma haber informado de este caso a la Relatora de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y magistrados "y espera que las acusaciones contra el juez Garzón sean desestimadas a la mayor brevedad posible".

¡La mayoría de la sociedad española lo deseamos con entusiasmo!

Solidaridad y justicia

Todo hace indicar que en los próximos comicios electorales, se cometerá la torpeza de introducir en los debates políticos la situación de la población inmigrante. No es de recibo humano utilizar a estas personas para sacar réditos políticos. Nunca debemos olvidar que si están con nosotros es debido a la ansiada necesidad de buscar una vida mejor.

La relación que nos proporciona el trabajo en la Fundación César Navarro, nos hace conocer a organizaciones no gubernamentales que con independencia del laicismo individual, cuando se tratan valores humanos todos nos sumamos al mensaje. Así, Susana Rivera, animadora territorial de Cáritas, me hace llegar el siguiente comunicado.
Es obvio, el tratamiento religioso que ellos le dan; además, para contrastar otra reflexión política recomiendo la lectura de Cosme Modolell. Si bien, ambas anotaciones se centran en la ciudad de Vic; igualmente, se puede aplicar a Torrejón de Ardoz y a cualquier ciudad o pueblo de España.
Que ¡nunca! grupos xenófobos marquen la agenda social y política.

Otra forma de entender el empadronamiento

Graves daños colaterales

Inverosímil. Es el adjetivo que le debemos aplicar a la justicia española. Es posible que las sentencias se ajusten a derecho, consecuencia de la bien argumentada acusación ante los tribunales, pero la racionalidad de las personas no eruditas en legislaciones, hace que no podamos entender la Ley.

Ahora, después de muchas acusaciones se decide desestimar la demanda contra representantes políticos vascos que en su día entablan conversaciones con el mundo de Batasuna para buscar posibles cauces que conduzcan a que ETA, abandone las armas.

Periodistas de reconocido prestigio se ven obligados a presentar recurso contra la sentencia que les condena por hacer su trabajo ejerciendo la libertad de expresión e información libre y veraz.

En julio de 2006, en este blog referido a la macrourbanización del municipio de Seseña, manifestaba:
Hay que decir que éste, es un proceso que pinta muy mal desde sus inicios y seguramente el precio político a pagar va a ser alto, a la estela de los tiempos que corren. Si muchas urbanizaciones están plagadas de deficiencias y faltas de servicios públicos y privados, ésta (13.500 viviendas) es el colmo de la especulación: “por no tener no tiene ni agua potable asegurada para lo próximos habitantes de las viviendas”. Está construyéndose sobre un secarral de una finca rústica, cuyos anteriores labradores también se suman a la denuncia presentada por Manuel Fuentes, alcalde de Seseña (IU).

Algunas puntualizaciones. En 2007, vuelve a ganar Izquierda Unida, que gobierna en la actualidad en coalición con el Partido Socialista; que dicho sea de paso tuvo que deshacerse y volverse a refundar en Seseña.
En aquel año se presuponía que habría de pagarse un precio político alto, ya que, a la denuncia del alcalde contra Francisco Hernando, se había de sumar la crisis urbanística que ha dejado la macrourbanización empantanada con las consecuencias que esto tiene para los moradores instalados allí.
Colmatando los problemas, y como el potentado Hernando, tiene equipo jurídico hábil, consigue: El juzgado de instrucción número 1 de Illescas de Toledo, impone una fianza de diez mil euros al alcalde de Seseña, Manuel Fuentes (IU), tras ser acusado de un delito de calumnias por el constructor Francisco Hernando, El Pocero, por unas declaraciones del regidor al diario El Mundo.

Es decir, una barbaridad urbanística como la que estoy comentando con muchas ramificaciones todavía pendientes de aclarar no puede dejar impasible a otras administraciones, este tipo de concesiones no sólo son competencia de la administración local, por tanto, la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, no puede mirar para otro lado y hacer caso omiso a esta sentencia.
También, el Ministerio de Justicia tiene que poner orden y concierto a tanto despropósito jurídico.