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04/12/2010

Estado de alarma aérea

Nadie pensaba que el 32 aniversario de la Constitución española se vería alterado con la “enfermedad masiva” de los controladores aéreos. La grave consecuencia social es el secuestro de miles de personas en los aeropuertos de España.

Con independencia del acierto o error de la aplicación de la jornada laboral en estas fechas, la realidad es que la sociedad española nos sentimos impotentes ante el comportamiento irresponsable de unos “profesionales” privilegiados.

Por tanto, debemos apoyar sin fisuras las medidas excepcionales que está tomando el Gobierno de España. El transcurso del tiempo indicará las actuaciones que deben proseguir.
"el Gobierno está decidido a utilizar todos los instrumentos que el Estado de Derecho pone a nuestra disposición para impedir que un conjunto de trabajadores defiendan algunos de sus privilegios, perturbando gravemente la vida nacional".

Ahora bien, llegados a esta situación que no es la primera vez que se manifiesta, aunque nunca de manera tan caótica, sí debe servir de punto de inflexión para poner punto y final.
El estado de alarma declarado para 15 días, y sin conocer las respuesta de los controladores, no debe impedir que los legisladores laborales de este colectivo, olviden lo sucedido y el tiempo atenúe las consecuencias dramáticas que estamos viviendo.

A partir de este momento, se tiene que acabar con el diseño laboral de estos señores. Cualquier actividad profesional que tiene la obligación de mantener un servicio ininterrumpido las 24 horas del día, monta y diseña la cobertura obligatoria destinando las personas y recursos que exige la implantación de los turnos.
Ello, con toda seguridad provoca un modelo laboral totalmente distinto. Horas de trabajo ajustadas a la legislación vigente y un número de personal suficiente adaptado a la responsabilidad del servicio aéreo.

Si después de todas las medidas económicas que está tomando el Gobierno de España, con las consecuencias políticas que ellas generan; los españoles no apreciamos una firme determinación para acabar con estos “privilegios laborales” será un asiento más que anotaremos en el debe del Gobierno socialista que preside José Luis Rodríguez Zapatero.