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08/11/2014

Hermanados con Tenerife

La proeza de que Extremadura y Teruel hayan mantenido una estrecha relación con Tenerife es consecuencia de que en esa ciudad tiene su residencia Olga María Henao, militante del Partido Popular.

Precisamente, se puede deducir que la buena acogida que la tinerfeña de origen colombiano dispensa a sus apreciados visitantes ha conseguido que el ex senador y hoy presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, la visitara hasta 32 veces, cuando Monago ejercía de senador. Desde el punto de vista político todo parece indicar el hermanamiento de Extremadura con Canarias.

Desde que saliera a la luz el caso se están conociendo detalles entremezclados de la vida personal de Monago con asuntos políticos. Estos, sobre todo, debido a que los viajes realizados a Tenerife eran cargados a los gastos que tienen asignados los senadores españoles.
Y, aunque en principio el hoy presidente de Extremadura afirmaba que dichos viajes (2009-2010) los pagaba con dinero de su propio bolsillo, ha debido echar cuentas y posteriormente rectifica y dice que pedirá al Senado la relación de los gastos de los viajes y que devolverá hasta el último céntimo.

Rota la relación personal entre Olga María y José Antonio, las buenas relaciones de la profesional inmobiliaria con los militantes y cargos del PP, le permite rehacer su vida sentimental con el hasta el lunes próximo diputado popular por Teruel, Carlos Muñoz Obón, que también cargaba el importe de sus viajes a las arcas públicas del Congreso. Hecho este, que le obliga a dimitir del cargo de diputado por indicación de la presidenta Luisa Fernanda Rudi.

La conclusión que podemos sacar de toda esta historia de amores y política es la siguiente: con independencia de las relaciones matrimoniales, separaciones, reencuentros y reconciliaciones, lo peor y grave del asunto ha sido descubrir que cuando los llamados `clase política´ nos están sometiendo a un sacrificio doloroso y a unos recortes severos en servicios públicos; tanto senadores como diputados disponen de un presupuesto para gastos que ahora ha quedado demostrado que, aunque en teoría está destinado a financiar su actividad pública a parte del sueldo correspondiente, no están obligados a justificar los gastos generados. Es más, no existe control sobre el desembolso y tampoco comprobación de que el coste se corresponde con la actividad que tiene asignada.

Casos como los de Monago y Muñoz ponen de manifestó la falta de ética política que atesoran nuestros representantes ¡Hay que acabar de una vez con todas estas prácticas viciadas!