viernes, 1 de noviembre de 2013

Judicializar la política

En la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular gobierna desde hace más de dos décadas con mayoría absoluta, esa holgada mayoría le permite tomar decisiones unilaterales que el debate político no consigue corregir.

Ante la situación creada y debido a que muchas de las medidas que está asumiendo afectan directamente a la sociedad madrileña en general y más concretamente a los profesionales que tienen que aplicarlas, estos últimos, ante la impotencia de ser escuchados se ven abocados a recurrir a los tribunales de Justica.

El caso que mayor repercusión tiene es la privatización, `externalización´ le llama el Partido Popular, de la Sanidad madrileña. Al día de hoy, conocemos que las adjudicaciones de hospitales que ya estaban a punto de gestionar las empresas privadas, están paralizadas a consecuencia de las denuncias de los profesionales de la medicina que no se han resignado a aceptar el modelo impuesto por el Gobierno de Ignacio González.

Esta práctica de concesiones no es nueva, lo que sí ha sido es la más decisiva de todas las que hasta el momento se habían llevado a cabo por los distintos consejeros. Anteriormente los señores Güemes y Lamela, iniciaron una serie de concesiones a empresas privadas y luego, cuando han dejado el cargo político en los gobiernos de Esperanza Aguirre, producto del diseño premeditado, han formado parte de las distintas empresas que fueron agraciadas con las adjudicaciones de su Consejería. "A esto se le llama `puertas giratorias´ los políticos que van al sector privado en los mismos sectores en los que han hecho gestión pública". 

Por todo ello, el juez de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, ha ratificado la imputación sobre los exconsejeros de Sanidad madrileños Juan José Güemes y Manuel Lamela por su gestión en la primera época de la externalización sanitaria. Asimismo, destaca que en la querella se "imputa el delito de prevaricación, y cohecho a los querellados que han intervenido en las adjudicaciones a empresas con un accionariado opaco incumpliendo alguno de los requisitos previstos en la ley como la no exigencia del canon".

Añade que "se han beneficiado de dichos acuerdos para después contratar los servicios de anteriores consejeros de Sanidad como Güemes y Lamela, responsables políticos de la adjudicación a los que imputa en unión de la empresas Capio, Ribera Salud y Unilabs".

A estas conclusiones se llega después admitir a trámite una querella de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid AFEM,  contra la cúpula de la Sanidad madrileña.

El trabajo político que impide realizar la mayoría absoluta del Partido Popular, lo tiene que ejecutar los tribunales de Justicia.

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