La realeza imputada

Sí, sí, ya sé que no todas las imputaciones son iguales. Quiero decir, que en el mundo de la política estamos acostumbrados a pedir la dimisión de los cargos públicos que llegan dentro de los procesos judiciales al estado de imputados. Otra cosa distinta es que la presenten.

Esa actitud se mantiene debido al hecho en sí, de que estar imputado no quiere decir que pases a ser procesado. Esto, ha quedado claramente demostrado con el proceso judicial abierto sobre el “caso Nóos”. Por tanto, hemos aprendido que la asimilación de imputado/da lo que hace es proteger al afectado/da para que pueda aportar las pruebas necesarias que demuestre su inocencia. Con lo cual, a partir de ahora debemos mantener la misma regla de medir para todas las personas afectadas.

Ahora bien, respetando lo anterior, la estética de la ética social cuando la persona imputada es la hija del Jefe del Estado, se entra en una situación un harto difícil de digerir. Como es embarazoso procesar que su Majestad el Rey, recibe una excelente herencia de su progenitor y que la cuantía se encuentra en Suiza. Desconociendo los españoles si nuestro Jefe del Estado, paga religiosamente los impuestos que le corresponden. Igual que ignoramos la fortuna real que su Majestad después de los años de servicio al Estado tiene acumulada.

Esta agrupación de cosas detectadas en un cargo elegido por sufragio universal de los españoles, nos haría valorar si la claridad y transparencia que ofrece a la sociedad que le paga, merece la confianza para continuar en el cargo para el que ha sido designado.

En la configuración actual del Estado español, una Monarquía parlamentaria hereditaria nos encontramos ante un hecho muy complicado de solucionar.

Ante esta realidad, hay dos salidas: Clarificación total y absoluta de todas las propiedades y fortuna del Rey y su familia, incluida la liquidación correspondiente al ministerio de Hacienda, o la ruptura de la definición: La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

La concatenación de hechos sucedidos de muy diversa índole, no permiten al Estado de Derecho español aceptar un maquillado de imagen del Jefe del Estado y pasar a la página siguiente.