sábado, 12 de enero de 2013

El negocio de las privatizaciones

Cuando se conocen datos de los procesos privatizadores y el resultado final de quiénes forman parte de las empresas que consiguen la adjudicación, se valora que muchas personas utilizan su paso por la política para su posterior beneficio económico.

El trabajo político ejercido con dedicación, entrega y espíritu de servicio a la ciudadanía, no debería ser empañado por acciones reprobables que los ejecutores de la política utilizan en ocasiones para su propio beneficio personal.

El último de los ejemplos lo tenemos en la Comunidad de Madrid. Donde el exconsejero de Sanidad, Juan José Güemes (PP), empieza a planificar su futuro profesional desde la Consejería de Sanidad cuando era titular. Él se encarga de implantar la externalización de las pruebas analíticas, que son entregadas a determinada empresa. Y, luego cuando deja la política con los datos y la información que maneja, la empresa primitiva concesionaria es comprada por otra, en la cual, el Sr. Güemes, es Consejero. Jugada perfecta con ingresos asegurados y pagados con dinero de la Sanidad Pública.

Además, este proceder es bien considerado por el actual presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que no tiene nada que objetar al proceso seguido. Con un pequeño ejercicio de imaginación podemos vislumbrar el futuro que nos deparara el final de la privatización de los hospitales y centros de Salud que el propio González, está impulsando desde su Gobierno. Hoy, desde el poder político se planifica y mañana desde el área empresarial recogemos los beneficios.

Echando la mirada atrás podemos valorar que el hecho de tener un partido político mayoría absoluta no es garantía de que ello, se pueda mantener en el tiempo. Por eso, después de perder las elecciones el Partido Popular en 2004, y verse obligado a estar en la oposición hasta 2011, sus compañeros que gobiernan con mayoría absoluta en las Comunidades autónomas, están perfilando un modelo de gestión de los servicios públicos que les deje protegidos económicamente ante el hecho, de no obtener el apoyo de los electores que les permita seguir gobernando.

Conviene no olvidar que este modelo de gestión privada, que crece cada día, las empresas que gestionan el servicio, tienen unos ingresos garantizados por las administraciones públicas. En el caso que ilustra esta reflexión conocemos que por cada ciudadano/a que pertenece a su área de influencia la Comunidad de Madrid, entrega 16 euros, con independencia de si es analizado o no. Por tanto, el objetivo de la empresa es conseguir cada día mayor número de habitantes adscritos.

La evidencia de que estás prácticas no sean consideradas delito, no impide que se consideren éticamente condenables para los gestores políticos. En este caso, el Partido Popular.

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