El Partido Popular, a pesar de su mayoría absoluta en el
Congreso de los Diputados, todas las iniciativas parlamentarias llevadas a cabo
las hace a través del Decreto Ley. Así evita el trámite parlamentario y el
debate en el Congreso.
Ha cogido tal vicio a realizar leyes basadas en los
decretos, que a los partidos de la oposición no les queda otra opción que la
presentación del recurso constitucional contra la Ley que aprueba el Gobierno
en solitario.
Consecuencia de lo anterior, es el conflicto legal que
genera cuando el alto Tribunal rectifica aspectos básicos de la Ley vigente.
Los dos últimos pronunciamientos han puesto en evidencia
la manera que tiene el Gobierno de Mariano Rajoy, de crear leyes de dudosa
legalidad.
Así, resulta que la decisión que toma el anterior
Gobierno Vasco de prestar servicio sanitario a los extranjeros que no tengan
papales, se enmarca dentro del derecho que tenemos a recibir asistencia
sanitaria. Corrigiendo con ello, el peligro de dejar a una población sin atención,
con las consecuencias de salud que ello generaría. Es decir, los sin papeles
deben ser atendidos en los Centros de Atención Primaria.
El segundo dictamen del Tribunal Constitucional está
relacionado con el Gobierno de la Junta de Andalucía. El Gobierno que preside José
Antonio Griñan, está demostrando que hay otro modelo económico para salir de la
crisis manteniendo el Estado de Bienestar. Ante la necesidad de ajustar el presupuesto
del gasto, decide sacar a concurso el precio de los medicamentos que usan en
Andalucía destinados a la asistencia sanitaria. El laboratorio que ofrezca el
montante más barato será el suministrador de los fármacos.
Esta manera de actuar no le gusta al Gobierno de Rajoy, y
recurre la Ley ante el Constitucional. Y, éste, argumenta que no existe
inconstitucionalidad en la Ley que abarata la gestión, al ser una competencia
transferida y por tanto, competencia de la Junta de Andalucía.
Lo grave de este proceder, es que todavía estamos
pendientes de más de diez dictámenes relacionados con leyes vigentes que ha
aprobado el Gobierno por el proceder del Decreto Ley. Igual que en los casos
anteriores puede suceder que tengamos dentro de su articulado apartados inconstitucionales.
La conclusión que podemos sacar es una evidente
incapacidad para gobernar en una situación de crisis profunda. Su mayoría
absoluta no le está avalando en la cuenta de resultados que presenta a la
sociedad. Y, en contra de lo prometido en su día cuando afirmaba que “no iba a
responsabilizar a nadie de la difícil situación que recibía”, ahora, predica a
las cuatro voces que “no se hace responsable de lo que han hecho otros”.
En definitiva, este Gobierno solo no es capaz de
solventar el problema que tiene España. Por tanto, tiene la obligación de
llamar a los agentes sociales y partidos políticos e impulsar unos acuerdos que
hagan salir a la sociedad española de esta encrucijada. Ha quedado demostrado
que la confianza que un día despertó, hoy no volvería a recibirla.
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